Hemos empezado el año con la puesta en marcha por parte de la
Consellería de Bienestar de una nueva tasa impuesta a personas
discapacitadas. Afecta a personas que asisten a centros de día, ocupacionales y
residenciales de la Comunitat Valenciana y se pondrá en marcha desde el 1 de
enero. Como viene siendo habitual las familias están
esperando que Consellería les envíe las cartas con la aportación económica que
deben realizar supuestamente desde el primer recibo . Esta tasa incluye un recargo del 20% a los morosos y el embargo de sus
cuentas si no realizan el pago. A diferencia de lo que
ocurrió en 2014 (muchas entidades y centros se negaron a cobrar a sus usuarios)
ahora no hay formar de seguir con la insumisión. Y al mismo impide que las
mismas, conocedoras de las situaciones familiares y personales concretas,
adecuen el pago a las familias para hacerlo más llevadero y posible.
En septiembre nos alegramos al conocer que el TSJCV anulaba
el copago tras un recurso presentado por el Cermi-CV.
Posteriormente, un segundo fallo -a raíz del recurso de la Federación de
Asociaciones de Familiares de Enfermos Mentales (Feafes)- también se pronunció
en la misma línea. El copago se anuló, pero la Conselleria de Bienestar Social
dijo que lo recurriría. Y no solo ha hecho eso, además ha convertido el
copago en una tasa para ajustarse, según argumentó, a lo que decía la
sentencia, perjudicando una vez más a las personas más empobrecidas, las excluidas, los más
vulnerables…
La Plataforma seguirá defendiendo estos servicios como
públicos y por supuesto la dignidad de las personas discapacitadas
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