Manifiesto 23F

Las organizaciones y entidades sociales, políticas y vecinales de Xirivella hemos decidido unir nuestras fuerzas en el día de hoy para denunciar delante de la ciudadanía la gravedad de las consecuencias que las políticas de brutales recortes de los servicios públicos y de derechos sociales y laborales que se están produciendo en nuestro país y que afectan a la ciudadanía en su conjunto en aspectos tan esenciales como son la educación, sanidad y servicios públicos. Estas medidas, impuestas por el Gobierno Central (con una reforma laboral que supone la mayor regresión de derechos en la historia de nuestra democracia) unidas a los otros medidas impuestas donadas del gobierno de la Generalitat Valenciana, como las contempladas al Decreto Ley 1/2012 son gravemente injustas, que castigan a la ciudadanía, ya de por sí castigada por una crisis económica que no ha provocado. Medidas desprovistas de la más mínima igualdad, que son un abuso a  nuestros derechos laborales y una excusa para destruir el estado de bienestar y abrir el camino a hacer de los derechos de las personas un negocio, privatizando la educación, la sanidad y todos los servicios básicos.

No son los trabajadores y trabajadoras públicas la causa del déficit, de la especulación inmobiliaria, ni de la desviación de los dineros públicos para beneficios privados, ni de la nefasta gestión del gobierno valenciano, o de la corrupción y el saqueo consentido del dinero de todos.

L@s ciudadan@s de Xirivella debemos ser conscientes de que cuando se ataca la escuela pública, cuando se reduce el profesorado de un centro educativo, cuando empeoran sus condiciones de trabajo se está atacando el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas y su futuro; se reduce la posibilidad de que el alumnado sea atendido adecuadamente, y pueda acceder en igualdad de condiciones, sin discriminación a una formación necesaria para integrarse en la sociedad y hacerlo con plenos derechos como persona. Además, esto se agrava si se reducen ayudas y becas a las familias y estudiantes y se endurecen las condiciones con unos requisitos propios de principios de siglo. Si en Sanidad se eliminan servicios en hospitales públicos, se cierran quirófanos, que son abiertos en el mismo hospital como servicios privados por la tarde o se anuncia el cierre de los centros de salud los sábados, si son los mismos médicos los que están alertando a la población de las consecuencias de estos recortes indiscriminados, es que la situación es intolerable y hemos de reaccionar.

Porque en el fondo lo que se persigue no solamente es deteriorar la calidad del servicio, negar su eficacia, desprestigiarlo para tener la excusa de privatizarlo, sino también expulsar del sistema a aquellos que no resultan rentables y los que no la puedan pagar, aquellos que no tengan recursos económicos suficientes y quedan condenados a una atención precaria, son los sectores más humildes, débiles e indefensos de nuestra sociedad, que verán reducida la  esperanza de una vida digna.

Para manifestar nuestro rechazo a todo esto, los convocantes hemos decidido sumarnos hoy a todas las movilizaciones de protesta convocadas por todo el país, en todas las plazas de los pueblos, delante de los ayuntamientos, y constituirnos en una plataforma para luchar unidos contra las consecuencias de estos recortes en Xirivella.

Queremos transmitir a la ciudadanía el mensaje de que debemos parar estos ataques a nuestras condiciones de vida, debemos defender nuestros derechos, hemos de reaccionar, porque unidos seremos más fuertes para responder y hacer recular y fracasar todos los intentos de hacer nuestras necesidades básicas el negocio que pretenden obtener otros.

Para hacernos oír y que nos oigan, el sábado 25 del presente hay convocada una manifestación contra los recortes que partirá de la Plaza de San Agustín a las 18:00 h y el martes que viene 28 de febrero, hay convocado un encierro en el C.P. Gregorio Mayans de 18:30 a 20:30 h.

            Queremos condenar la actuación policial contra los y las estudiantes de secundaria que se ha producido estos últimos días en la ciudad de Valencia para exigir el fin de los recortes y denunciar la situación de la escuela pública, así como exigir la dimisión de la Delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.

La escalada represora, injustificada de todas todas, supone un grave ataque a los derechos democráticos de reunión y manifestación. La intervención desproporcionada, y por momentos brutal, de la policía, resultó indiscriminada, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las personas que participaban en las manifestaciones eran menores de edad.

Todas estas situaciones conflictivas que se están generando son también producto de las políticas de recortes que afectan a los servicios públicos y al conjunto de la ciudadanía.

Por todo ello, exigimos el fin de la política de recortes en el conjunto del sector público y emplazarnos en el Ayuntamiento, como poder público más próximo, para que luche por la mejora de las infaestructuras públicas en nuestra población; en educación, asumiendo que no se cederá ningún metro cuadrado de suelo público educativo a empresas privadas, que se acabarán los centros previstos en el Mapa escolar, que estos recortes no afectan ni a la construcción de un nuevo edificio para el IES Ramon Muntaner , ni a la mejora y adecuación de los centros de Primaria, y adultos, ni que Xirivella tenga las infraestructuras sanitarias y los servicios para atender adecuadamente a su población.